Contexto: Colombia traviesa por un momento coyuntural importante en su historia, pues dentro de un escenario histórico de conflicto armado interno, se ha dado una oportunidad sociojurídica para reducir la intensidad de la violencia; dicha oportunidad, es la suscripción de un acuerdo para la terminación de los combates con el grupo insurgente más antiguo de Colombia. Se trata de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo – FARC EP, con las cuales desde el año 2012 se trabajó en la suscripción de un acuerdo de paz, el cual se materializò y suscribio en noviembre de 20016.
El punto número uno del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” se titula “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. Esta parte del Acuerdo puede resumirse en tres ejes fundamentales: i) Dotación y formalización de tierras para el campesinado sujeto de reforma agraria; ii) Construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs); y iii) Construcción de la
infraestructura y servicios necesarios para impulsar los motores del desarrollo regional. Desde el espíritu del Acuerdo alcanzado con las FARC EP, y desde la propia teoría general del conflicto y la violencia, la consecución de la paz, no puede tener una visión simplista de cese de combates, por el contrario, involucra la necesidad de atender los requerimientos sociales y realizar todo tipo de esfuerzos e inversión encauzadas a promover la prosperidad de la vida de los habitantes del territorio colombiano y la satisfacción de sus necesidades
Descripción general: Analizar la transmisión de memorias y daños generacionales en descendientes de víctimas y responsables en el marco del trabajo
realizado por la Comisión de la Verdad en Colombia (2018-2023
En virtud de lo descrito, constituye un requisito imprescindible la recopilación sistemática de datos básicos sobre la realidad agraría en las zonas de conflictos, sobre todo la tenencia de las tierras. Además se requiere un análisis sobre los instrumentos legales de los que dispone el Estado para adjudicar tierras privadas y públicas a los campesinos, en particular a la Unidades Agrícolas Familiares.
En el centro de la adjudicación está el el Fondo de Tierras que esta compuesto por aprox. 2.5 millones de hectáreas de recuperación de baldíos indebidamente adjudicados, que fueron identificados en el trabajo conjunto entre el INCODER y la Oficina de Superintendencia y Registro en el 2012. Por ende, los terrenos baldíos juegan un papel central en torno a este punto clave del Acuerdo de Paz. El estudio exploratorio tiene como fin evaluar los intentos del Estado de identificar a base de un registro los terrenos baldíos en el Departamento de Meta y su sistema de adjudicación.
Para esto, el estudio se basará en la metodología de las ciencias agrarías y del derecho, partiendo aquí de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-536/97, Sentencia de Tutela nº 293/16 ; Sentencia de Tutela nº 461/16). Como base empírica sirven como punto de partida los trabajos realizados en el seno de la
Universidad Santo Tomás en Villavicencio, sobre todo aquellos con proyección social, comoson los Consultorios Jurídicos en los municipios más afectados por el destierro.