El proyecto analiza el papel, impacto y desafíos que afrontan los programas y estrategias estatales y no estatales de protección a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en situación de riesgo en América Latina. En los últimos años, especialmente activistas de derechos humanos y ambientales como así también líderes sociales, sindicalistas y periodistas enfrentan cada vez más ataques e intimidaciones en diversos contextos políticos en muchas regiones del mundo. América Latina es la región donde el incremento de estos ataques incluyendo amenazas, asesinatos, criminalizaciones y diversas formas de amedrentamiento por parte de actores estatales y no estatales ha aumentado de forma alarmante.
Leyes y normas internacionales (como, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de 1998) exigen a los Estados proteger a las personas defensoras de derechos humanos e implementar las medidas necesarias para garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo de forma segura.
En este marco, varios estados de América Latina han adoptado leyes, políticas públicas y mecanismos institucionales específicos para tomar medidas preventivas con el fin de proteger a aquellas personas o grupos de la sociedad civil en situación de riesgo. Este tipo de programas se han desarrollado en varios países latinoamericanos como ser Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras y México. Sin embargo, los mismos enfrentan grandes desafíos externos como contradicciones internas. En muchos casos hay grandes discrepancias entre los objetivos a llevar a cabo y la concreta implementación de los mismos, lo que puede derivar en graves consecuencias para las personas defensoras.
Aquí surgen las siguientes preguntas: ¿A qué se deben estas contradicciones? ¿Cuáles son las consecuencias y efectos tanto positivos como negativos de los mismos? ¿Quiénes son los actores estatales, no estatales, locales e internacionales que participan en medidas de protección para la sociedad civil? ¿de qué manera lo hacen? ¿Hay concepciones complementarias, disimiles e incluso opuestas del concepto de seguridad y protección cuando se trata de actores de la sociedad civil?